Nota de Contienda 2008: Con la inscripción del partido Puertorriqueños Por Puerto Rico (PPR), los miembros del Partido Acción Civil (PAC), incluyendo su presidente, Nelson Rosario, pasaron a militar en el PPR, dejando al PAC como un partido “inoperante”. Igual de inoperante está lo que fue su portal oficial de cara a las elecciones del 2008, el cual contenía una serie de textos bastante interesantes que explicaban el por qué, segun estas personas, en Puerto Rico hacía falta “un nuevo partido”. Me parece importante republicarlos debido a que nos ayuda a entender las bases ideológicas de gran parte de los ahora líderes pepereistas. Este es uno de los articulos que se ha rescatado del ahora inexistente portal del PAC.
La democracia, la oferta electoral y la participación ciudadana
Se supone que todos los residentes de la Isla tenemos el derecho a participar de las decisiones qu0e, por ser residentes de la Isla, nos afectan. Para participar en esas decisiones es que existe el derecho fundamental al voto. La premisa fundamental del voto es que el ciudadano pueda elegir entre las ideas y candidatos que se ofrecen. Pero ese derecho al voto es ineficaz si algún grupo o partido político, controla la oferta de candidatos e ideas. La oferta de candidatos e ideas son las personas y programas de gobierno que aparecen en la papeleta electoral a los fines de ser votados y elegidos por el Pueblo. De poco sirve votar si la oferta electoral está monopolizada por unos pocos.
La Constitución de Puerto Rico está redactada de manera que organiza el gobierno de la cosa pública a través de los partidos políticos. Cualquier ciudadano o agrupación de ciudadanos que quiera ser partícipe de la administración y del gobierno de la cosa pública, tiene que hacerlo a través de un partido político. Los partidos políticos son el vehículo social para lograr acceso a las estructuras de gobierno.
Por disposición constitucional, las leyes de Puerto Rico, se aprueban por la Asamblea Legislativa. También por disposición constitucional el Ejecutivo es quien designa a los funcionarios públicos que habrán de implantar la política pública que a todos nos afecta. Si es nuestro derecho como ciudadanos elegir a los legisladores y a los Ejecutivos, también es nuestro derecho como ciudadanos ser candidatos para nosotros mismos ser legisladores y ejecutivos.
Aparecer en la papeleta electoral como candidato y como partido tiene que ser reconocido como un derecho fundamental de los ciudadanos directamente derivado del sistema democrático que vivimos. El derecho al voto se consuma con el derecho a ser candidato y ambos derechos son inseparables en una democracia.
El problema que afrontamos los puertorriqueños es que los partidos tradicionales, utilizando la Asamblea Legislativa y al Ejecutivo como su alter ego[1] para perpetuarse en el poder, han hecho entre los tres, una Ley Electoral que hace imposible que nuevos partidos o candidatos tengan acceso a la papeleta electoral. Los partidos tradicionales además controlan la Comisión Estatal de Elecciones y desde allí obstaculizan la inscripción de cualquier nuevo partido.
Los partidos políticos tradicionales, como todo partido, responden a sus intereses, a los intereses de las personas que les financian sus campañas políticas y responden a los intereses de las personas que controlan a cada partido político. Cualquier ciudadano no afín a los intereses que protejan los partidos políticos o que no pertenezca a la claque que controle el partido político está imposibilitado de mejorar su situación o de que sus ideas se conviertan en ley.
En esta sociedad la mayoría de los ciudadanos no está afiliada a ningún partido inscrito. En esta sociedad además existimos ciudadanos con ideologías en común, propósitos en común que no son compartidas por ninguno de los partidos tradicionales
Los candidatos de los partidos tradicionales, por estar estos partidos inscritos como partidos por petición se benefician de participar proporcionalmente del Fondo Electoral. Por medio de sus respectivos comisionados, los partidos toman todas las decisiones de carácter electoral, y por medio de sus miembros en la legislatura se asignan cada vez más beneficios.
Los partidos tradicionales no sólo utilizan al gobierno como su alter ego, sino que han convertido la Comisión Estatal de Elecciones en la fortaleza inexpugnable para sus privilegios. La Comisión Estatal de Elecciones funciona a base de la voluntad unánime de los comisionados de cada partido. Cada partido nos cuestan más de 10 millones al año. Todo ese poder auto asignado a los partidos lo utilizan en las elecciones.
Cualquier ciudadano que pretenda ser candidato para ser parte activa en la solución de los problemas que le afectan, tiene que participar como partido en las elecciones para tener una probabilidad real de prevalecer tanto en el proceso electoral como en la función de gobierno. Inscribirse como partido por petición hará posible que los candidatos del Partido puedan ser electos. Las candidaturas independientes y el “write in” son esfuerzo fútil, por la grave desventaja que significa para un candidato afrontar unas elecciones en las cuales los candidatos contrarios de los partidos tradicionales se han asignado grandes ventajas.
Por eso, para todos los puertorriqueños el derecho de inscribirse como partido por petición, es de decisiva importancia. Sólo así, siendo un partido por petición, los ciudadanos organizados para concertadamente dividirse las candidaturas, el trabajo electoral, propagandístico, gastos y demás relacionados con el proceso eleccionario tienen oportunidad real de resultar electos en una contienda electoral frente a los miembros de los partidos tradicionales que sean candidatos.
Los partidos establecidos impusieron en el año 1978 el requisito de que sólo abogados notarios pudiesen recolectar los más de 100,000 endosos que actualmente se necesitan para inscribir un partido por petición. Evaluando el requisito de los abogados notarizando los juramentos de los endosos desde el punto de vista histórico, nos percatamos de lo pernicioso y dañino que ha sido para los derechos constitucionales, para la evolución social y el progreso de la sociedad puertorriqueña dicha exigencia. Repasando la historia encontraremos que desde 1952 hasta el 1980, es decir, antes de la aplicación del requisito de que fuesen solamente abogados quienes juramentaran las peticiones de inscripción, se inscribieron en Puerto Rico ocho (8) partidos. Desde el 1980 hasta el presente, es decir, desde que empezó la aplicación del requisito de solamente abogados puedan notarizar las peticiones de inscripción, se ha inscrito en Puerto Rico un solo partido; el Partido Renovación Puertorriqueña.[2]
Esta exigencia, vista en su efecto y con el cúmulo de experiencia de todos estos años, ha resultado represiva para la sociedad puertorriqueña. No es casualidad que desde 1980, con la excepción del Partido Renovación Puertorriqueña, ningún partido nuevo haya logrado acceso a la papeleta electoral. La limitación de oferta de candidatos y de ideas en la papeleta electoral es consecuencia directa de exigir que abogados sean los únicos que puedan notarizar las peticiones de inscripción de los partidos por petición.
La exigencia de notarización con abogados notarios causó un limbo generacional de veinte años en donde la expresión política de los puertorriqueños se ha visto limitada y reprimida a tres partidos políticos. Este requisito fue una limitación en la expresión de los puertorriqueños como lo demuestra el hecho que desde el 1952 al 1980 se crearon ocho (8) partidos nuevos y desde el 1980 hasta el presente solamente se creó uno.
Hay que señalar que el Partido Nuevo Progresista y el Partido Independentista Puertorriqueño se inscribieron en el 1968 utilizando notarios ad hoc. El Partido Socialista Puertorriqueño se inscribió en el año 1980 utilizando notarios ad hoc. El Partido Popular Democrático se inscribió en la década del treinta utilizando notarios ad hoc.
La limitación de candidatos y de ideas trae consigo la enajenación de los ciudadanos del proceso político. Independientemente de la propaganda oficial, la gran participación de los puertorriqueños en los procesos electorales es un mito.
En Puerto Rico, según el censo de 1990, existían más de 2,645,000 personas mayores de 18 años. Para las elecciones de 1992, se inscribieron 2, 242,381 personas. De esas 2,242,381 personas, votaron 1,879,772 personas. Es decir, 362,609 ciudadanos no votaron en las elecciones de 1992. Eso es igual al 16.2 %.[3]
La diferencia entre las personas mayores de 18 años y los electores inscritos es de aproximadamente 400,000. Si a esos 400,000 no inscritos se suman los 362,609, sostenidos en Puerto Rico en el 1992 había aproximadamente 762,609 personas hábiles para votar que no votaron. Esto significa que el 41 % de la población hábil para votar no votó.
Según un censo realizado por el Partido Acción Civil, esa apatía de votar es debido a que las personas están cansadas de votar siempre por la misma gente, los mismos partidos y las mismas ideas. La queja principal es que no vale la pena votar siempre por más de lo mismo.
Los partidos tradicionales utilizan la Ley Electoral como disimulo de su monopolio político. La Comisión Estatal de Elecciones e incluso el gobierno mismo, no son sino alter egos de los tres partidos tradicionales.
La realidad de la democracia en Puerto Rico es que los grupos que controlan a los partidos tradicionales se han convertido en una oligarquía que reina sobre toda la sociedad puertorriqueña. El mecanismo utilizado es complejo y sofisticado; controlan la Comisión Estatal de Elecciones y mediante ley, se asignan los beneficios del Fondo Electoral, de comisionados electorales, de 107 empleados en la Junta de Inscripción Permanente, fondos para movilizar los electores, beneficios que promedian 10 millones al año.
Utilizando la Comisión Estatal de Elecciones para reglamentar a su antojo y utilizando el gobierno para auto-asignarse cantidades exorbitantes de dinero para su propaganda, los partidos tradicionales se aseguran que ganarán cualquier contienda electoral.
Las candidaturas independientes y los “write in” son un suicidio económico y una pérdida de tiempo. Como único los ciudadanos tenemos real oportunidad para prevalecer en una contienda electoral es logrando la inscripción como partido por petición de manera de estar en idéntica posición con los candidatos de los partidos tradicionales.
Como evidencia de la intención aviesa de los que controlan a los partidos tradicionales de mantenerse sobre el Pueblo está el hecho de que tanto el Partido Nuevo Progresista como el Partido Independentista Puertorriqueño, como el Partido Popular, se inscribieron utilizando notarios ad hoc. Luego que llegaron al poder, mediante legislación y cerraron la democracia para ellos.
Esto ha degenerado en que los partidos tradicionales se han convertido en un solo gran partido con tres facciones. Los tres están sólo por adelantar los intereses particulares de ellos mismos. Los tres controlan ilegítimamente el derrotero de todos los ciudadanos de este país. Y los tres ofrecen la misma cosa sólo con la aparente diferencia en cuanto al modo de afrontar el al status de las relaciones políticas con los Estados Unidos.
Por eso vemos que los mismos candidatos se repiten elección tras elección, vemos que los mismos contratistas son los que hacen negocios con el gobierno independientemente de qué partido gane las elecciones. Vemos cómo la mayoría de los funcionarios corruptos quedan impunes al nivel local no importa qué partido gane. Vemos como cada cuatro años se auto-aumentan los beneficios electorales para cada uno de los partidos. Vemos como cada cuatro años es más de lo mismo, con el estancamiento social que eso produce.
Ninguno de los tres partidos tradicionales defiende la participación directa de la ciudadanía en los procesos democráticos mediante iniciativa, referéndum, o cualquier mecanismo análogo. Ninguno de los tres es un partido pro-ambiente, ninguno de los tres es un partido pro-obrero, ninguno de los tres es un partido anti-dependencia económica, ninguno de los tres tiene programas para desarrollar la economía local. En fin, ninguno de los tres comparte la ideología del Partido Acción Civil ni la ideología de amplios sectores de la sociedad puertorriqueña.
La corrupción sigue rampante porque no importa cual partido gane sigue el “business as usual”. Las políticas sobre la represión social y la criminalidad son las mismas porque no importa qué partido gane. Todos quieren más policías y penas más severas para delitos comunes. La enajenación social sigue aumentando porque no importa qué partido gane, los pobres continuarán marginados del proceso de producción y endrogados con el mantengo gubernamental. La apatía electoral sigue aumentando porque la clase media sigue pagando contribuciones y teniendo al gobierno como obstáculo para su bienestar.
Ya casi no quedan bosques por desarrollar en cemento. Ya casi no quedan ríos que no sean vertederos. Cada vez los ricos más ricos, cada vez los pobres más pobres. Y los partidos tradicionales, al no tener la amenaza de la creación de otros partidos que en igualdad de condiciones puedan enfrentarlos en una contienda electoral, hacen lo que les place. Protegen y mal crían de manera elitista los intereses y personas que son sus pares y los componen; mientras que rechazan y enajenan al resto de la sociedad que no les es afín y no tolera sus devaneos.
Distinto sería la democracia puertorriqueña si no sólo el Partido Acción Civil se pudiera inscribir, sino que los religiosos, los ambientalistas y los cooperativistas pudieran inscribir su partido, que los obreros puedan inscribir su partido, incluso que los pobres puedan inscribir su partido. Esos grupos, con la ideología propia de cada grupo, podrían participar en igualdad de condiciones en contra de los partidos tradicionales o incluso crear coaliciones. Lo importante es que aún cuando nuevos partidos no ganen las elecciones, la mera existencia de éstos en la papeleta electoral en igualdad de condiciones, haría que la discusión de los asuntos públicos gire en torno a issues que los partidos tradicionales que ni siquiera consideran y no les interesa considerar.
[1] Todos los miembros de la Asamblea Legislativa, los alcaldes, el comisionado residente y el (la) gobernador(a) son miembros de los partidos tradicionales. Los candidatos a la gobernación son también presidentes de sus respectivos partidos.
[2] Véase Bayron Toro, F.; Elecciones y Partidos Políticos de Puerto Rico (ed. 1989).
[3] En el 1996, la participación electoral se redujo a 81 %. Además la poblacón mayor de 18 años aumentó.
